Municipio de Cuenca daña el Centro Histórico
Municipio de Cuenca daña el Centro Histórico
Corrupción y atentados municipales en contra la memoria social
Proyecto de carta a ser enviada a la UNESCO e ICOMOS
Como testigos de las intervenciones realizadas por la Municipalidad de Cuenca –República del Ecuador– en el Centro Histórico de la ciudad, acudimos a Ustedes para exponer lo siguiente:
1.- ANTECEDENTES
Por sus características históricas, urbanas, arquitectónicas y culturales, el Centro Histórico de Cuenca fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 1982. Posteriormente, y en 1999, fue inscrita en la Lista de Ciudades Patrimoniales de la Humanidad por la UNESCO.
Consideramos que desde entonces, las intervenciones físicas en las zonas urbanas merecedoras de tales distinciones, así como en los edificios y monumentos allí contenidos, pasaron a tener otro estatuto, cual es, el de ser un patrimonio de la Humanidad, cuyo mantenimiento, cuidado y protección excepcional, se encargaba al Municipio de Cuenca y demás organismos responsables de controlar que en dichos espacios se respeten y se apliquen las disposiciones internacionalmente aceptadas para el manejo de estas joyas patrimoniales.
Este delicado encargo fue ratificado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), cuando delegó “al I. Municipio de Cuenca, la investigación, conservación, preservación, exhibición, promoción e inventario del patrimonio cultural tangible inmueble” (Resolución 027-DNPC-02 del 31 de octubre de 2002), resolución lamentable porque, sin mediar una evaluación seria acerca de cómo el Municipio de Cuenca respondió a la confianza entregada para que maneje el Centro Histórico de la ciudad, dicho Instituto, procedió a renovarle esa competencia el 11 de octubre de 2005 mediante la Resolución 007-05, aunque reservándose por lo menos el derecho que la Ley de Patrimonio Cultural y su Reglamento le asigna, en especial, lo señalado en los artículos 13 y 14 de dicha ley.
El Municipio de Cuenca, como lo vamos a demostrar a continuación, no ha estado a la altura del encargo ni ha sabido responder de manera ética ni técnica a los retos que el manejo del Centro Histórico requiere. Incumpliendo con lo dispuesto por la Constitución de nuestra República, y sin aplicar lo que señala la Ley de Patrimonio Cultural y su Reglamento, no ha defendido, conservado, restaurado ni respetado los elementos físicos y simbólicos, o hitos de la memoria patrimonial, sino que, en varios casos, los ha destruido, causando un daño patrimonial irreparable a la ciudad histórica.
En estos últimos tiempos, el Municipio de Cuenca se ha empeñado en una política de intervención masiva en los espacios públicos del Centro Histórico de Cuenca, sin tener un Plan de Manejo del mismo, y el Plan de Ordenamiento Territorial, contratado después de las intervenciones, ha sido señalado como un estudio de muy baja calidad, inactual y pernicioso para el Centro Histórico .
2.- LAS POLITICAS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL CENTRO HISTORICO
Las dos ultimas administraciones municipales han intervenido en el Centro Histórico de manera inconsulta, porque no han estructurado los organismos técnicos indispensables para su adecuada administración y conservación, incurriendo por ello en negligencias, acciones irresponsables e ilegalidades, cuando, han permitido demoliciones y cambios de funciones a sitios y locales, y sobre todo cuando han intervenido en las estructuras físicas patrimoniales de los espacios públicos de valor excepcional.
La actual administración municipal, ha sido la que ha tomado las decisiones más radicales en lo concerniente a las intervenciones en el Centro Histórico de Cuenca. Las ha tomado, sin respetar la autoridad del INPC, ni la poca que ha tenido la Comisión de Centro de Histórico, convertida ésta, por el Concejo Municipal, en una tapadera que le ha permitido manejar a su arbitrio el Centro Histórico y los elementos patrimoniales, pues, a dicha Comisión, se le ha recortado la autoridad y la competencia técnica especializada que debió, por el contrario, ser fortalecida para poder manejar democráticamente tan delicado asunto.
De esta forma, la Comisión de Centro Histórico ha sido mantenida solamente para cumplir con las apariencias legales, mientras, el Consejo Municipal ha dejado las manos libres a empresarios inmobiliarios, hábiles en conseguir permisos de demolición y de construcción que ha ido minando las estructuras y los espacios del Centro.
Solicitamos a este Organismo Internacional, investigar los permisos de demolición, construcciones nuevas y menores que en las dos últimas administraciones municipales han sido otorgados por parte de sus funcionarios en el Centro Histórico.
La Municipalidad no ha creado una unidad especializada para el manejo del Centro Histórico ni de la ciudad patrimonial, como tampoco, ha generado una legislación para favorecer su cuidado, restauración y desarrollo. El reciente intento de llenar este vacío, no alcanza los niveles técnicos necesarios para una administración y conservación creativas del Centro Histórico.
Así, no solo que muchas edificaciones patrimoniales han desaparecido en los últimos nueve años, sino que otras muy importantes, sufren el abandono, la desidia y la ruina, en medio de la displicencia municipal.
La reciente promulgación que ha hecho el Gobierno Nacional de un decreto, declarando en emergencia el patrimonio, antes que ser una esperanza real para el rescate, restauración y desarrollo de los bienes tangibles urbanos y arquitectónicos civiles y públicos de Cuenca, es una constatación del estado en que dichos bienes se encuentran, y, paradójicamente, mientras estos son descuidados, una gran parte de los fondos asignados están siendo invertidos en la restauración de ciertas iglesias cuyo propietario, la Curia, debería conservarlas, puesto que se trata de una institución de reconocida solvencia económica. Con esto se ratifica lo que ya habíamos manifestado en otras oportunidades, esto es, que el pensamiento oficial frente al patrimonio y la ciudad, está cruzado por criterios políticamente conservadores y, lo que es más grave, por criterios espectaculares que buscan usar el patrimonio urbano y monumental de la ciudad histórica con fines turísticos consumistas.
Esta práctica de la institución encargada de cuidar el Centro Histórico, se complementa con la falta de incentivos y educación a los propietarios de los bienes patrimoniales, quienes, en no pocos casos consideran una desgracia ser propietarios de algo que en un medio más informado, sería motivo de orgullo.
A esta política se ha sumado la de obras y contratos municipales, a cuyos departamentos legalmente autorizados para tal fin, se ha sumado una fundación que por lo visto ha asumido funciones intervencionistas de dudosa legitimidad, en el espacio patrimonial de Cuenca. Entre todos estos entes, han concebido, planificado y llevado a la práctica proyectos que han modificado la imagen y la materialidad de muchos públicos patrimoniales, creyendo, seguramente, que en tales espacios se puede hacer cualquier cosa o incluir en los mismos cualquier tipo de mobiliario fijo u otros elementos y simbolismos extraños a la imagen que históricamente se fue configurando y cargando de significados simbólicos para la comunidad.
En este camino, el Municipio, los empresarios inmobiliarios, los contratistas de obras y uno que otro propietario de bienes patrimoniales, han causado un daño irreparable a la memoria colectiva de nuestra ciudad, quitando a las generaciones venideras parte de los testimonios de un proceso cultural que fue dando forma a la riqueza subjetiva que particulariza nuestra diferencia.
3.- LAS OBRAS DEL MUNCIPIO EN EL CENTRO HISTóRICO DE CUENCA
Las obras que han sido realizadas en la línea que denunciamos, se focalizan en los siguientes puntos concretos de Ciudad Histórica:
1.- Vestigios arqueológicos de Pumapungo. El Banco Central alteró dicha área emblemática del Centro Histórico de Cuenca y de la cultura andina en general, sin que la Municipalidad haya dicho ni hecho nada al respecto. En esa zona, se encontraba el Colegio Borja (Jesuitas), propiedad que el Banco Central del Ecuador adquirió para construir sobre el área el horroroso edificio que hoy afea el sector. Los vestigios de Pumapungo están dentro del área urbana y en este caso, dentro del Centro Histórico. El análisis del hecho fue denunciado públicamente por el Arq. Oswaldo Páez Barrera y sus escritos se encuentran en su libro La Casa de la Certidumbre, ed. Abya Yala, Quito, 2003, págs. 185-198 y en su libro ¡Bárbaros del mundo uníos! El Director del Departamento del Área Cultural del Banco Central el Ecuador Sucursal Cuenca, de ese entonces así como el proyectista de las obras nuevas que se incluyeron en la zona arqueológica, seguramente podrán aportar más datos sobre los alcances de sus intervenciones.
Estamos seguros que este alto y prestigioso Organismo Internacional, sabrá investigar el hecho y establecer las responsabilidades que el atentado amerita, así como recomendar a la Fiscalía General del Estado Ecuatoriano, investigue el caso conforme a lo establecido por la Ley de Patrimonio Cultural vigente en nuestro país, y el Reglamento de dicha Ley.
2.- El Barranco. Las administraciones municipales de Cuenca, en especial las que se han sucedido después de que la ciudad fuera declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, han promovido la intervención en esta zona urbana, asunto que fue asimismo denunciado por los arquitectos Hernán Crespo Toral y Oswaldo Páez Barrera. El primero lo hizo en un artículo de la revista cuencana El Observador, y el segundo, en el libro ya citado, páginas 205-210, así como en otro libro suyo titulado ¡Barbaros del mundo uníos!
Las intervenciones que han afectado la zona del Barranco, se focalizan en la Calle Larga, la Plazoleta de la Merced, la Bajada del Padrón, la construcción del puente peatonal Juana de Oro, así como en los proyectos de intervención de la Bajada del Centenario y Puente Roto.
Los sectores urbanos afectados no han sido debidamente inventariados, con lo cual, los materiales e instalaciones que se han usado en las remodelaciones y obras nuevas, no obedecen a la materialidad ni se adecuan a las formas tradicionales, es decir que en su diseño, no ha existido la debida sensibilidad ni conocimiento formal para proponer dichos cambios y sustituciones. Los diseños recientemente inventados, distorsionan la imagen de estos espacios, creando ambientes y decorados urbanos extraños a la imagen patrimonial. Los materiales removidos y sacados de los sitios señalados, no se sabe que fin tienen.
La forma del puente Juana de Oro, además de ser visualmente desproporcionada (el diámetro de las piezas soportantes con las cuales se salva la luz, contrasta con la fragilidad del piso de madera y las barandas), es chocante, en relación a los estilos y tradiciones constructivas presentes en el sector, todos ellos caracterizados por la austeridad y el buen sentido formal, de tal manera que, esta obra, asoma postiza y agresiva. Una crítica a la impostura que significa dicho puente, fue publicada por el Dr. Simón Valdivieso V. en la prensa local. Esta obra, consideramos que debe ser reconstruida y los gastos que ello implique, deberían correr a cargo de quienes asignaron el proyecto sin el debido concurso, y aprobaron su ejecución.
La inclusión de los famosos bolardos y piedras maquinadas en los pisos aledaños a la Plazoleta de La Merced, no se inscribe tampoco en la tradición formal del Centro Histórico de Cuenca, por lo que, constituyen elementos extraños que, incluidos en el mismo, desmejoran su imagen . Ojala dichos elementos, algún día sean retirados.
La creación de la llamada “plataforma continua” (eliminación de los bordillos de las aceras y elevación del piso de las calles), constituye un atentado contra uno de los elementos claves para la declaratoria de Cuenca como ciudad patrimonial. Nos referimos a la trama urbana de la misma, la cual, como vestigio colonial de inspiración renacentista, es posiblemente más grande que la del Cuzco y la de Quito. Esta manipulación torpe e innecesaria de la forma del trazado originario de la urbe, ha alterado su continuidad visual y funcional, llegándose al caso absurdo de que la capa de rodadura peatonal en algunos tramos, ha pasado a tener 50 centímetros, o más, de espesor. Estas alteraciones, por otra parte, han eliminado la protección contra las salpicaduras que el viejo bordillo prestaba a las paredes, y en ciertos casos, elevado el nivel del piso público por encima del interior de los locales, amenazándolos con la inundación y la fácil entrada de la basura callejera. Esta alteración debe ser así mismo retirada y los gastos de la reparación, cobrados a quienes la autorizaron.
Solicitamos investigar estas intervenciones, la forma como se fundamentó la contratación de los estudios, los permisos y aprobaciones que los mismos debieron tener de parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para iniciar tales construcciones y, pedir la Fiscalía General del Estado, la investigación y el señalamiento de las responsabilidades penales del caso, conforme a lo establecen las leyes ecuatorianas.
3.- En la Plazoleta del Carmen de la Asunción ha sido alterado el nivel de su piso y, por risible que parezca, el argumento de su diseñador para justificar el daño, consiste en afirmar que “antes allí solo había un nivel”, lógica dudosa, que de continuar hacia atrás en el tiempo, podría llevarnos a decir que más atrás, no había ni la iglesia ni la plaza, y así, autorizar su demolición.
La trama urbana del sector, alterada con la eliminación de los bordillos y la elevación del nivel de la calle se ha convertido en un peligro para los peatones, puesto que, las motocicletas y eventualmente los automóviles, no tendrían mayor obstáculo para irrumpir en las veredas. Consideramos que la trama urbana del Centro Histórico debe ser respetada en el estado formal que hasta el momento de ser declarada ciudad patrimonial, había alcanzado (1999). El espacio de esta plazoleta, por otra parte, fue arbitrariamente ocupado con la inclusión de elementos fijos o casetas para la venta de flores. Dichos muebles eliminaron las visuales de las fachadas de la esquina interior de la plazoleta y afectaron su composición urbana. Esta apropiación arbitraria de un bien público, autorizó a un grupo de personas el uso exclusivo las áreas patrimoniales de este valiosísimo lugar, considerado uno de los más emblemáticos de la colonia, pero, por ventaja par la ciudad, nuestra oposición y denuncias obligaron al Municipio a retirar dichas casetas y a colocarlas donde siempre debieron haber estado: en el cementerio municipal. Las luminarias, las piletas, los bancos de piedra, los jardines y la inclusión de baldosas blancas en el piso, completan este despropósito arquitectónico. Por lo dicho, y conforme lo establecen las recomendaciones internacionales para intervenir en sitios monumentales de valor histórico, pedimos a este alto Organismo Internacional, nos ayude en el rescate del sitio y en el pedido a la Fiscalía General del Estado, para que se investigue el delito.
4.- La Plaza 9 de Octubre y el edificio patrimonial del Mercado 9 de Octubre han sido destruidos según se puede apreciar de las fotografías del lugar tomadas después de que los contratistas de la obra removieron sus partes para ejecutar las novedades municipales. La destrucción de lo que existía ha sido tan masiva, que ante ello solo cabe la sanción frente a un hecho consumado. Del edificio del antiguo Mercado 9 de Octubre, solamente se han conservado las paredes perimetrales para ser usadas como envolventes parciales de los nuevos usos.
De la plaza, obviamente no queda nada, puesto que se la cavó para construir subsuelos para estacionamientos vehiculares.
5.- La Plazoleta de Santo Domingo, ha sido también dañada. Aquí, la Municipalidad negoció con algunos propietarios de inmuebles del sector la intervención en las calles Gran Colombia y Padre Aguirre, consiguiendo de ellos el apoyo para dichas intervenciones. Esta “negociación” es ilegal, porque, los bienes y la imagen patrimonial urbana de la Plazoleta de Santo Domingo, así como la de sus calles aledañas, no es de ningún ciudadano particular, sino de la Humanidad y de Cuenca, por lo tanto, no susceptibles de negociación, o de trata.
En la Plazoleta se han incluido elementos u obras nuevas en las dos cuadras que la delimitan, incorporándose jardineras, piletas y canales abiertos, extraños a la imagen tradicionalmente establecida. Por otra parte, y seguramente porque el diseñador de estas linduras es el mismo que alteró la Plazoleta del Carmen de la Asunción, también aquí se ha subido el nivel de la calle para crear la famosa “plataforma continua”. El diseño tradicional de los pavimentos de las veredas ha sido cambiado, junto al de la plaza y al de los dos tramos de las calles adyacentes, sustituyendo el embaldosado y el adoquinado anteriores, con adoquines y baldosas cuyo de diseño y disposición geométricos no tiene nada que ver con lo que había. Con estas innovaciones se ha producido un efecto visual que da una imagen diferente a la plaza tal y como ésta se había constituido a lo largo de los años. Al cambiazo, se agregan los ya famosos bolardos municipales, en lo que constituye una atentado que para consumarse, parece que no solo careció del permiso, sino del criterio conservacionista necesario para tratar la imagen del sector.
6.- La Plaza de Maria Auxiliadora que desapareció hace años, fue sustituida por el parque del mismo nombre. Dicho parque, que ya en nada recogía la tradición de lugar abierto y destinado a la venta de los sombreros de paja toquilla, ha sido ahora convertido en un elemento decorativo conforme los excelentes gustos municipales. Lo que a nuestro juicio es más dañino en la nueva obra, es la elevación del piso de la calle frente a la iglesia de María Auxiliadora, pues, junto con las otras alteraciones de la trama urbana patrimonial, contribuye a desdibujarla.
7.- En la Plazoleta Víctor J. Cuesta, se han incluido pérgolas, y otros diseños que estarían bien para una barrio sin historia, y por esta razón y en el caso específico de esta zona urbana de la ciudad patrimonial, se convierten en elementos reñidos con su imagen. El proyecto ha recibido un premio en la última Bienal de Arquitectura de Quito, junto a ciertos proyectos colombianos que, por lo denunciado en la New Left Review , obedecen a intenciones y procesos urbanos relacionados quizás con el lavado de imágenes propias de “la arquitectura de la pacificación”, como lo recuerda el autor del artículo, citando a Mike Davis.
8.- En la calle Rafael María Arízaga, el tradicional “Chorro”, se ha alterado básicamente la materialidad, es decir las texturas que tenían la calle, las veredas y los zócalos, buscando con ello, no la restauración de los tradicionales, sino su “embellecimiento”. La sustitución de estos elementos ha producido el mismo efecto que una corbata de lujo en un gato callejero, pues los nuevos materiales de factura industrial muy a tono con las demás afectaciones espectaculares que, como se viene anotando, dañan el conjunto de los valores visuales del patrimonio edificado de toda la ciudad, atentan contra la relativa unidad que tenían antes de beneficiarse del entusiasmo municipal y la eficacia de sus contratistas. Con ausencia de buen juicio se han clavado a las fachadas de las casas antiguas de esta calle, unas lamparitas de diseño moderno, las cuales, podrían estar muy bien en alguna nueva urbanización, pero no en este lugar, en donde, eran necesarios otros criterios estéticos.
9.- En la Bajada de El Padrón, también su imagen ha sido “mejorada”, quitándole a ese paso su tradicional hieratismo, o solemnidad, que contribuía al carácter fronterizo que en algún momento tuvieron los espacios de circulación que conformaban El Barranco. Dicha Bajada no tenía sino un piso de cantos rodados y un muro bajo para mirar al sur. La austeridad del lugar, remarcada por las piedras sin labrar, iba a tono con la de la arquitectura de aquel rostro de Cuenca que se asomaba, sin maquillajes ni engaños, ante su río. La careta que le han puesto trae ahora un exceso de postes y luminarias y hasta de “espacios verdes” arbitrarios. Esta política de la impostura, de fachadismo y de una decoración urbana a la que poco o nada importan los entornos y la tradición de los materiales anteriormente existentes, no presta ninguna atención a las recomendaciones de la UNESCO o del ICOMOS, y a las experiencias en el tratamiento de este tipo de espacios patrimoniales, en donde y como se sabe, mientras menos se intervenga, tanto mejor, y mientras más sutiles sean los cambios, mayor será el valor de la intervención. Contrariamente a este criterio, presente en las Cartas Internacionales para manejar los espacios públicos de las ciudades históricas, la demagogia municipal quiere alardear de su labor, como gritando y reclamando reconocimiento por “la obra hecha”.
En todas estas modificaciones, alteraciones, inclusiones, se han usado criterios constructivos uniformadores que han afectado la variedad y personalidad de los lugares y el paisaje urbano del Centro Histórico. Los mismos bolardos por todo lado, la misma plataforma continua por aquí y por allá, el mismo repertorio formal en las luminarias, los macetones y las bancas, en fin, la misma impertinencia estilística si se consideran los entornos urbanos que a duras penas la ciudad ha podido mantener desde 1999.
La razón de esta pobreza estética, no estaría únicamente en el hecho de que el mismo diseñador ha propuesto los estudios de varios de estos lugares. Consideramos que el resultado de sus inventos, no únicamente que ha dañado la imagen variada y múltiple de la ciudad histórica, sino que ha contribuido sin que él lo intuyera o supiera, a forjar la idea del presente urbano que no es otra sino la del presente global, es decir de un tiempo atroz hostil a la memoria, a la polis, a lo público, y lo que es más, brutal cuando se trata de fijar en la conciencia de las colectividades la idea de que no hay otro tiempo que éste: el del poder omnímodo que rehace el pasado a su imagen y semejanza.
Estas modificaciones a los espacios públicos del Centro Histórico han sido perpetradas por el Municipio, buscando por otra parte, quitar a la ciudadanía sus espacios públicos abiertos, específicamente sus plazas, convirtiéndolas en ambientes llenos de obstáculos que impiden su uso variado y democrático.
Mientras estas acciones se realizan, la Plaza de San Francisco permanece tomada por un grupo de comerciantes, a quienes, los alcaldes electos o potencialmente elegibles, adulan ante la expectativa de votos y popularidades de ocasión. Solicitamos a Ustedes, ayudarnos en el rescate de este espacio abierto, que estuvo allí desde la fundación de la ciudad española, y que, durante siglos, ha sido plaza, y no ratonera que por su función e imagen deteriora todo el sector urbano colindante.
Dentro de la negativa administración del patrimonio construido que el Municipio viene cumpliendo respecto a los bienes arquitectónicos de valor, en Cuenca, estuvo la demolición de la Villa Roselena. Este hecho, perpetrado en este año, fue uno de los más escandalosos atentados contra el patrimonio cultural edificado de nuestra ciudad, y que puso en evidencia cómo funciona la llamada empresa privada inmobiliaria y sus contactos en el Municipio y en el INPC. El atentado fue cometido el día 1 de mayo de 2008, cuando, el propietario del inmueble consideró que nadie iba a interponerse en su agresión. Debería investigarse, en este caso, los plazos que mutuamente se dieron los funcionarios del INPC y del Municipio para diluir responsabilidades y legalizar el ilícito. Debería verificarse también si inmueble fue vendido con el permiso de demolición municipal y, si el permiso de construcción, estaba ya concedido antes de que este bien patrimonial desaparezca, pues el esclarecimiento de estas mañas, servirá para educar a la ciudadanía en el sentido de que las mismas son incorrectas y de que sus autores saben que actúan al margen de la ética y las leyes que regulan a las comunidades civilizadas.
En esta línea de comportamiento, el Municipio habría autorizado que sobre el patio del edificio de la Corte de Justicia, se imponga una cubierta cuyo sobrepeso ha cuarteado las paredes de esta edificación patrimonial. O también, la explosión de la Ferretería Vázquez Brito frente al neomercado Tres de Noviembre (diseñado por la misma persona que inventó las casetas para la Plaza del Carmen de la Asunción), o el incendio de la Casa San Cristóbal (Sucre y Padre Aguirre, esquina), siniestros causados por la negligencia con la cual los organismos municipales extienden las autorizaciones de uso, sin revisar el estado de las instalaciones eléctricas o las garantías de seguridad mínimas para la conservación del centro patrimonial.
La ilegalidad de las obras públicas municipales ha sido señalada por el Arq. Oswaldo Páez el 16 de marzo de 2008 en la pág. 2 de diario El Tiempo, de Cuenca, y en su libro Sólo cenizas hallarás, en cuyas páginas amplía sus argumentos. La enorme preocupación ciudadana sobre estos hechos, se manifestó asimismo en la denuncia que la Arq. Mónica Pesantez presentó ante el INPC el 11 de febrero de 2008, y en la cual, señala “el franco y abierto proceso de destrucción” de nuestro legado cultural.
También se puede revisar la Revista Pucara de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, en cuyas páginas, Manuel Villaviciencio, analiza lo negativo de estos atentados. El diario El Mercurio cuando publicó las denuncias que en su momento hicieron entre otros, la Arq. Mónica Pesantez y el arq. Fabián Orellana. El diario El Tiempo cuando, dando noticia sobre estos ilícitos, publicó el editorial del Dr. Manuel Neira Carrión el 10 de mayo de 2008 pidiendo cárcel para sus responsables según lo establece –decía– el código penal ecuatoriano en sus artículos 415 A y 415 B. O la revista universitaria 4 sentidos, que también criticó estas premeditadas y aleves embestidas del mal gusto y del irrespeto al bien común.
La razón y la justeza de este clamor, secundado por múltiples sectores honestos de la ciudadanía cuencana, ha sido ratificada por la Procuraduría General del Estado, la cual, ante la siguiente consulta:
“La delegación otorgada por el INPC, que confiere al Municipio de Cuenca el cumplimiento de atribuciones y funciones contempladas en la Ley de Patrimonio Cultural y su Reglamento, le otorga potestad como que pueda por sí misma, sin previa autorización del INPC, aprobar intervenciones sobre el patrimonio cultural edificado del cantón Cuenca”.
…ha respondido, como no podía ser de otra manera, de la siguiente forma:
“Si la competencia administrativa que se dice se ha reservado para sí el INPC, esto es, el de autorizar todo tipo de intervención directa o por terceros, sobre el patrimonio cultural edificado del cantón Cuenca (según consta en el texto del Art. 4 de la Resolución 007-05 de 11 de octubre de 2005), se considera vulnerada o extralimitada por la Municipalidad delegada, por no haberse contado con la aquiescencia o consentimiento de ese Instituto, lo procedente el revisar el poder conferido en dicha delegación y de considerarlo oportuno, el decidir sobre su terminación.
El delegante, en este caso el INPC, tiene plena facultad para decidir hacer uso de las atribuciones establecidas por los Artículos 57 y 60 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ante reseñados, es decir, la avocación de la competencia propia que se cita ha sido inobservada, e incluso el de resolver esa delegación; particular que como insisto, corresponde decidirlo exclusivamente a ese instituto.
OF. PGE. Nro.: 09162 de 19-03-2008”
Es decir que, la contratación de los estudios, su aprobación, la asignación de los contratos y las recepciones de las obras públicas municipales ejecutadas en y sobre los espacios patrimoniales públicos del Centro Histórico de Cuenca, no solamente que son atentatorios a su condición patrimonial y se inscriben en toda una política de desprecio a la ciudad histórica que debemos defender y cuidar, sino que, en el caso de las obras realizadas bajo la estricta responsabilidad del Municipio, carecen de la legalidad necesaria para haber sido ejecutadas.
A este rosario de ilícitos contra la memoria histórica de la sociedad, se agregan las actuaciones del INPC, organismo que en este caso, al haber entregado primero y renovado después, la delegación al Municipio de Cuenca para que haga lo que ha hecho, es cómplice de todo el desastre, pues no ha actuado conforme a la Ley que norma sus funciones.
Súmese también a esta desidia que tanto daño moral ha causado a Cuenca, la actitud de la Sra. Ministra de Patrimonio Natural y Cultural quien, a sabiendas de las ilegalidades cometidas, ha pactado con la Municipalidad para echar tierra sobre el asunto. Conviene revisar en este sentido, las “resoluciones” arbitrarias a las cuales dicha funcionaria, junto con la Directora Nacional del INPC, y el Municipio de Cuenca, llegaron. Se trata de una colusión en contra de la ciudad patrimonial, de un acuerdo doloso que, en vez de un juzgamiento y una condena al Municipio, parece un acuerdo entre amigos mutuamente condescendientes ante los hechos punibles que ellos saben que han cometido. Tal pacto, fue noticia pública, debidamente lavada y como tal, presentada como algo bueno y noble.
En las dos notas de prensa citadas, las autoridades ofrecen “rectificaciones en sus diseños”, con lo cual, aceptan que las intervenciones en los espacios públicos de la ciudad que aquí estamos denunciando, están efectivamente mal hechas pero, como seguramente confían en la amnesia social, dichas “rectificaciones” no se han realizado (salvo el traslado de las casetas de la Plaza del carmen de la Asunción, a la vereda este del cementerio municipal), y, hasta la fecha, los elementos fijos incluidos en las áreas patrimoniales continúan afeando y degradando los lugares en donde fueron colocados.
El pacto al que hemos hecho referencia es el resultado de la plena conciencia que los firmantes del mismo tienen de sus actuaciones ilegales, puesto que, el mismo Instituto Nacional de Patrimonio Cultural elaboró un Informe, secreto en la medida que no se lo ha dado a conocer al público, en el cual, señalan la gravedad de las intervenciones que aquí estamos denunciand.
4.-LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIOS Y LAS OBRAS
Hay serios indicios de tráfico de influencias y manejos extraños en la contratación de los estudios y de dichas obras por parte de la Municipalidad. El ciudadano común no puede comprender cómo es posible que se haya entregado el estudio arquitectónico de cuatro espacios públicos de la ciudad para que sean alterados a un profesional que no es especialista en este tipo de obras sino a lo mucho, hijo de un concejal del Cantón.
Convendría establecer si es cierta esta relación de parentesco entre el arquitecto contratista y el concejal, y de ser así, nos reservamos el derecho de recurrir a la Comisión Anticorrupción, recientemente abierta en Cuenca, con la esperanza de lograr alguna resolución al respecto.
Por otra parte, ya en la anterior administración se silenció al Colegio de Arquitectos cuando, fue catapultado a la presidencia de esta organización un funcionario municipal. En la presente se ha buscado igual suerte para el Colegio, pero por diferente camino. En lo que sería un ejercicio poco ético, se sabe que directivos del Colegio, o familiares suyos, habrían sido beneficiados con la entrega de los siguientes contratos: Conjunto de habitaciones en la Calle Rafael María Arízaga, estudios de la Bajada del Centenario y rediseño del Parque Víctor J. Cuesta. No sabemos si en estas adjudicaciones hubo o no concursos ni cual ha sido su seguimiento.
Esta manera de ejercer el poder ha conseguido cuando menos el silencio de quienes debían ante todo responder a las mejores inquietudes profesionales y ciudadanas de los agremiados, puesto que, los dirigentes favorecidos, para demostrar su agradecimiento han aplaudido al empleador y tratado de censurar las posiciones críticas de aquellos arquitectos que de manera cívica, democrática y valiente, han denunciado el proceder municipal sobre la ciudad histórica. Esto se deduce de “la inconformidad” que el Presidente del CAE-Azuay expresó por escrito al arq. Oswaldo Páez, con motivo de la publicación del único libro que ha tratado de manera crítica el proceder municipal frente al tema patrimonial urbano y suburbano de Cuenca.
Por otro lado, la Comisión de Centro Histórico ha sido manejada por las últimas administraciones municipales de tal forma que no tenga ningún peso en el cuidado los bienes y valores tangibles de nuestra ciudad. Reducida a una mera dependencia que cumple con la formalidad de existir, sin autoridad ni presupuesto, solo ha servido para poner el visto bueno en planos y estudios de intervención en edificaciones y lugares patrimoniales, sin que medien los informes técnicos serios e independientes sobre el alcance o conveniencia de tales intervenciones.
Contrastando con esta situación, en la Habana Vieja, la Oficina del Historiador de la Ciudad encargada de la recuperación de ese patrimonio urbano, cuenta con 260 arquitectos especialistas, ¿cuántos tiene esta Comisión del Municipio de Cuenca? La respuesta nos dará la medida de una indigencia que, no obstante, pretende mostrarse ante el mundo como todo lo contrario.
De todos modos, al ser hasta ahora la Comisión de Centro Histórico la encargada de manejar los asuntos relacionados con éste espacio, que por lo demás es solo uno de los patrimonialmente importantes de Cuenca y su periferia, sus actuaciones, más por omisión que por acción no han estado a la altura de las situaciones, y por lo tanto, sería necesario investigar y revisar las actuaciones de la Comisión, por lo menos en lo referido a las autorizaciones para contratar los estudios de las obras que ha realizado el Municipio en los espacios públicos de Cuenca, así como el papel que dicha Comisión ha jugado en el seguimiento de tales obras.
El referente para juzgar su proceder, deben ser ineludiblemente, las Cartas Internacionales para el manejo de ciudades patrimoniales, aprobadas por la UNESCO y el ICOMOS, a sí como la Ley de Patrimonio Cultural del Ecuador y su Reglamento.
Convendría preguntar al Municipio de Cuenca si, para la contratación de los diseños que han servido para intervenir en los espacios públicos de la ciudad patrimonial, se elaboraron las bases de referencia, si se contó con los estudios arqueológicos y de impacto cultural antes de autorizar las intervenciones. Debería quedar claro, en caso de que dichos estudios hubieran sido realizados, si las personas naturales o jurídicas asignadas para los mismos, tenían la calificación necesaria, si participaron en algún concurso público, o si por el contrario, fueron elegidos a dedo y sin cumplir con las formalidades de Ley.
El Municipio, debió por otra parte realizar los estudios de impacto urbano que avalicen sus intervenciones en las áreas patrimoniales, pues, tememos que las evaluaciones positivas y faranduleras que cierta prensa ha comenzado a publicar acerca de las bondades de tales obras, sean, por desgracia ciertas. Diario El Comercio, en su edición del 30 de junio ya ha dicho lo siguiente:
“La Calle Larga, en el Centro Histórico de Cuenca, acoge la vida nocturna y al turismo que llega a la ciudad. Hay bares, café nets y museos, un pequeño zoológico, una antigua iglesia… Se puede conocer de primera mano cómo se elabora un sombrero de paja toquilla, tomar café, conocer a más de 100 animales vivos o dar un vistazo al pasado prehispánico, colonial o republicano en los museos: Del Sombrero, del Banco Central, de la Casa de la Cultura y de las Culturas Aborígenes. No importa si es martes, viernes o sábado. El movimiento no se detiene al interior de las casonas de adobe, piedra o ladrillo que albergan a más de 30 locales entre bares, museos, galerías de arte, restaurantes y tiendas de artesanías forman parte de la oferta turística de esta vía. Es un espacio que comparten jipis, roqueros, farreros, bohemios… En la Calle Larga, que no es la más extensa del centro, hay opciones para todos. Desde los bares se puede mirar el río Tomebamba en su esplendor.”
Lo cual, no significa otra cosa, sino que las intervenciones municipales han acabado con el carácter patrimonial del sector, creando un escenario, o un ambiente de ciudad genérica adecuada para el consumismo y que nada tiene que ver con las características históricas que daban la personalidad a la zona.
El cinismo y el pragmatismo con el cual se quiere justificar estas alteraciones en el Centro Histórico, argumenta que con sus cambios se atraerá el turismo cultural, lo cual es falso, porque, los turistas no vienen desde lejos a ver las maravillosas intervenciones municipales, sino el legado centenario de las generaciones que por suerte no tuvieron alcaldes, concejales ni técnicos tan espabilados y talentosos como los que en suerte nos han tocado en estos días aciagos.
Obviamente, esta política patrimonial depredadora, contribuye a la especulación inmobiliaria y lo que es peor, al desalojo de sus habitantes tradicionales, dejando uno que otro, pero reducido a la condición de espectáculo turístico, de cosa rara para ser fotografiada como testigo de lo que algún día fue la Cuenca que el neoliberalismo y la globalización destruyen.
Pedimos por lo tanto a este alto Organismo, que en el cumplimiento de sus obligaciones de control sobre el tratamiento de las ciudades históricas, no deje de referirse a la forma como han sido contratados los estudios de la obras ejecutadas y que aquí hemos denunciado, puesto que, si bien eso queda en manos de la Fiscalía General del Estado y la Contraloría, se debe mostrar como la corrupción va de la mano de estos atentados a la memoria y al patrimonio de los pueblos.
La investigación que solicitamos apunta a buscar reparaciones para la comunidad y ciudad afectadas y poder exigir las indemnizaciones del caso. Los daños a la comunidad, a su memoria y a los testigos culturales tangibles de la misma, son daños morales cometidos sobre objetos físicos y simbólicos pertenecientes a un patrimonio tangible e intangible de un sujeto difuso, o comunidad, patrimonio que, ha sido reconocido internacionalmente por la UNESCO. En tal sentido, dichas indemnizaciones deberán cuantificarse a fin de que los autores de los daños irrogados, paguen para realizar las reparaciones y las restauraciones de los bienes que han destruido, alterado, sustituído o modificado, buscando que los mismos, vuelvan a tener su forma original.
Si es del caso, quines firmamos el presente documento, nos comprometemos a presentar todos los documentos que en esta denuncia hemos citado.
Cuenca 12 de Diciembre de 2008
Corrupción y atentados municipales en contra la memoria social
Proyecto de carta a ser enviada a la UNESCO e ICOMOS
Como testigos de las intervenciones realizadas por la Municipalidad de Cuenca –República del Ecuador– en el Centro Histórico de la ciudad, acudimos a Ustedes para exponer lo siguiente:
1.- ANTECEDENTES
Por sus características históricas, urbanas, arquitectónicas y culturales, el Centro Histórico de Cuenca fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 1982. Posteriormente, y en 1999, fue inscrita en la Lista de Ciudades Patrimoniales de la Humanidad por la UNESCO.
Consideramos que desde entonces, las intervenciones físicas en las zonas urbanas merecedoras de tales distinciones, así como en los edificios y monumentos allí contenidos, pasaron a tener otro estatuto, cual es, el de ser un patrimonio de la Humanidad, cuyo mantenimiento, cuidado y protección excepcional, se encargaba al Municipio de Cuenca y demás organismos responsables de controlar que en dichos espacios se respeten y se apliquen las disposiciones internacionalmente aceptadas para el manejo de estas joyas patrimoniales.
Este delicado encargo fue ratificado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), cuando delegó “al I. Municipio de Cuenca, la investigación, conservación, preservación, exhibición, promoción e inventario del patrimonio cultural tangible inmueble” (Resolución 027-DNPC-02 del 31 de octubre de 2002), resolución lamentable porque, sin mediar una evaluación seria acerca de cómo el Municipio de Cuenca respondió a la confianza entregada para que maneje el Centro Histórico de la ciudad, dicho Instituto, procedió a renovarle esa competencia el 11 de octubre de 2005 mediante la Resolución 007-05, aunque reservándose por lo menos el derecho que la Ley de Patrimonio Cultural y su Reglamento le asigna, en especial, lo señalado en los artículos 13 y 14 de dicha ley.
El Municipio de Cuenca, como lo vamos a demostrar a continuación, no ha estado a la altura del encargo ni ha sabido responder de manera ética ni técnica a los retos que el manejo del Centro Histórico requiere. Incumpliendo con lo dispuesto por la Constitución de nuestra República, y sin aplicar lo que señala la Ley de Patrimonio Cultural y su Reglamento, no ha defendido, conservado, restaurado ni respetado los elementos físicos y simbólicos, o hitos de la memoria patrimonial, sino que, en varios casos, los ha destruido, causando un daño patrimonial irreparable a la ciudad histórica.
En estos últimos tiempos, el Municipio de Cuenca se ha empeñado en una política de intervención masiva en los espacios públicos del Centro Histórico de Cuenca, sin tener un Plan de Manejo del mismo, y el Plan de Ordenamiento Territorial, contratado después de las intervenciones, ha sido señalado como un estudio de muy baja calidad, inactual y pernicioso para el Centro Histórico .
2.- LAS POLITICAS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL CENTRO HISTORICO
Las dos ultimas administraciones municipales han intervenido en el Centro Histórico de manera inconsulta, porque no han estructurado los organismos técnicos indispensables para su adecuada administración y conservación, incurriendo por ello en negligencias, acciones irresponsables e ilegalidades, cuando, han permitido demoliciones y cambios de funciones a sitios y locales, y sobre todo cuando han intervenido en las estructuras físicas patrimoniales de los espacios públicos de valor excepcional.
La actual administración municipal, ha sido la que ha tomado las decisiones más radicales en lo concerniente a las intervenciones en el Centro Histórico de Cuenca. Las ha tomado, sin respetar la autoridad del INPC, ni la poca que ha tenido la Comisión de Centro de Histórico, convertida ésta, por el Concejo Municipal, en una tapadera que le ha permitido manejar a su arbitrio el Centro Histórico y los elementos patrimoniales, pues, a dicha Comisión, se le ha recortado la autoridad y la competencia técnica especializada que debió, por el contrario, ser fortalecida para poder manejar democráticamente tan delicado asunto.
De esta forma, la Comisión de Centro Histórico ha sido mantenida solamente para cumplir con las apariencias legales, mientras, el Consejo Municipal ha dejado las manos libres a empresarios inmobiliarios, hábiles en conseguir permisos de demolición y de construcción que ha ido minando las estructuras y los espacios del Centro.
Solicitamos a este Organismo Internacional, investigar los permisos de demolición, construcciones nuevas y menores que en las dos últimas administraciones municipales han sido otorgados por parte de sus funcionarios en el Centro Histórico.
La Municipalidad no ha creado una unidad especializada para el manejo del Centro Histórico ni de la ciudad patrimonial, como tampoco, ha generado una legislación para favorecer su cuidado, restauración y desarrollo. El reciente intento de llenar este vacío, no alcanza los niveles técnicos necesarios para una administración y conservación creativas del Centro Histórico.
Así, no solo que muchas edificaciones patrimoniales han desaparecido en los últimos nueve años, sino que otras muy importantes, sufren el abandono, la desidia y la ruina, en medio de la displicencia municipal.
La reciente promulgación que ha hecho el Gobierno Nacional de un decreto, declarando en emergencia el patrimonio, antes que ser una esperanza real para el rescate, restauración y desarrollo de los bienes tangibles urbanos y arquitectónicos civiles y públicos de Cuenca, es una constatación del estado en que dichos bienes se encuentran, y, paradójicamente, mientras estos son descuidados, una gran parte de los fondos asignados están siendo invertidos en la restauración de ciertas iglesias cuyo propietario, la Curia, debería conservarlas, puesto que se trata de una institución de reconocida solvencia económica. Con esto se ratifica lo que ya habíamos manifestado en otras oportunidades, esto es, que el pensamiento oficial frente al patrimonio y la ciudad, está cruzado por criterios políticamente conservadores y, lo que es más grave, por criterios espectaculares que buscan usar el patrimonio urbano y monumental de la ciudad histórica con fines turísticos consumistas.
Esta práctica de la institución encargada de cuidar el Centro Histórico, se complementa con la falta de incentivos y educación a los propietarios de los bienes patrimoniales, quienes, en no pocos casos consideran una desgracia ser propietarios de algo que en un medio más informado, sería motivo de orgullo.
A esta política se ha sumado la de obras y contratos municipales, a cuyos departamentos legalmente autorizados para tal fin, se ha sumado una fundación que por lo visto ha asumido funciones intervencionistas de dudosa legitimidad, en el espacio patrimonial de Cuenca. Entre todos estos entes, han concebido, planificado y llevado a la práctica proyectos que han modificado la imagen y la materialidad de muchos públicos patrimoniales, creyendo, seguramente, que en tales espacios se puede hacer cualquier cosa o incluir en los mismos cualquier tipo de mobiliario fijo u otros elementos y simbolismos extraños a la imagen que históricamente se fue configurando y cargando de significados simbólicos para la comunidad.
En este camino, el Municipio, los empresarios inmobiliarios, los contratistas de obras y uno que otro propietario de bienes patrimoniales, han causado un daño irreparable a la memoria colectiva de nuestra ciudad, quitando a las generaciones venideras parte de los testimonios de un proceso cultural que fue dando forma a la riqueza subjetiva que particulariza nuestra diferencia.
3.- LAS OBRAS DEL MUNCIPIO EN EL CENTRO HISTóRICO DE CUENCA
Las obras que han sido realizadas en la línea que denunciamos, se focalizan en los siguientes puntos concretos de Ciudad Histórica:
1.- Vestigios arqueológicos de Pumapungo. El Banco Central alteró dicha área emblemática del Centro Histórico de Cuenca y de la cultura andina en general, sin que la Municipalidad haya dicho ni hecho nada al respecto. En esa zona, se encontraba el Colegio Borja (Jesuitas), propiedad que el Banco Central del Ecuador adquirió para construir sobre el área el horroroso edificio que hoy afea el sector. Los vestigios de Pumapungo están dentro del área urbana y en este caso, dentro del Centro Histórico. El análisis del hecho fue denunciado públicamente por el Arq. Oswaldo Páez Barrera y sus escritos se encuentran en su libro La Casa de la Certidumbre, ed. Abya Yala, Quito, 2003, págs. 185-198 y en su libro ¡Bárbaros del mundo uníos! El Director del Departamento del Área Cultural del Banco Central el Ecuador Sucursal Cuenca, de ese entonces así como el proyectista de las obras nuevas que se incluyeron en la zona arqueológica, seguramente podrán aportar más datos sobre los alcances de sus intervenciones.
Estamos seguros que este alto y prestigioso Organismo Internacional, sabrá investigar el hecho y establecer las responsabilidades que el atentado amerita, así como recomendar a la Fiscalía General del Estado Ecuatoriano, investigue el caso conforme a lo establecido por la Ley de Patrimonio Cultural vigente en nuestro país, y el Reglamento de dicha Ley.
2.- El Barranco. Las administraciones municipales de Cuenca, en especial las que se han sucedido después de que la ciudad fuera declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, han promovido la intervención en esta zona urbana, asunto que fue asimismo denunciado por los arquitectos Hernán Crespo Toral y Oswaldo Páez Barrera. El primero lo hizo en un artículo de la revista cuencana El Observador, y el segundo, en el libro ya citado, páginas 205-210, así como en otro libro suyo titulado ¡Barbaros del mundo uníos!
Las intervenciones que han afectado la zona del Barranco, se focalizan en la Calle Larga, la Plazoleta de la Merced, la Bajada del Padrón, la construcción del puente peatonal Juana de Oro, así como en los proyectos de intervención de la Bajada del Centenario y Puente Roto.
Los sectores urbanos afectados no han sido debidamente inventariados, con lo cual, los materiales e instalaciones que se han usado en las remodelaciones y obras nuevas, no obedecen a la materialidad ni se adecuan a las formas tradicionales, es decir que en su diseño, no ha existido la debida sensibilidad ni conocimiento formal para proponer dichos cambios y sustituciones. Los diseños recientemente inventados, distorsionan la imagen de estos espacios, creando ambientes y decorados urbanos extraños a la imagen patrimonial. Los materiales removidos y sacados de los sitios señalados, no se sabe que fin tienen.
La forma del puente Juana de Oro, además de ser visualmente desproporcionada (el diámetro de las piezas soportantes con las cuales se salva la luz, contrasta con la fragilidad del piso de madera y las barandas), es chocante, en relación a los estilos y tradiciones constructivas presentes en el sector, todos ellos caracterizados por la austeridad y el buen sentido formal, de tal manera que, esta obra, asoma postiza y agresiva. Una crítica a la impostura que significa dicho puente, fue publicada por el Dr. Simón Valdivieso V. en la prensa local. Esta obra, consideramos que debe ser reconstruida y los gastos que ello implique, deberían correr a cargo de quienes asignaron el proyecto sin el debido concurso, y aprobaron su ejecución.
La inclusión de los famosos bolardos y piedras maquinadas en los pisos aledaños a la Plazoleta de La Merced, no se inscribe tampoco en la tradición formal del Centro Histórico de Cuenca, por lo que, constituyen elementos extraños que, incluidos en el mismo, desmejoran su imagen . Ojala dichos elementos, algún día sean retirados.
La creación de la llamada “plataforma continua” (eliminación de los bordillos de las aceras y elevación del piso de las calles), constituye un atentado contra uno de los elementos claves para la declaratoria de Cuenca como ciudad patrimonial. Nos referimos a la trama urbana de la misma, la cual, como vestigio colonial de inspiración renacentista, es posiblemente más grande que la del Cuzco y la de Quito. Esta manipulación torpe e innecesaria de la forma del trazado originario de la urbe, ha alterado su continuidad visual y funcional, llegándose al caso absurdo de que la capa de rodadura peatonal en algunos tramos, ha pasado a tener 50 centímetros, o más, de espesor. Estas alteraciones, por otra parte, han eliminado la protección contra las salpicaduras que el viejo bordillo prestaba a las paredes, y en ciertos casos, elevado el nivel del piso público por encima del interior de los locales, amenazándolos con la inundación y la fácil entrada de la basura callejera. Esta alteración debe ser así mismo retirada y los gastos de la reparación, cobrados a quienes la autorizaron.
Solicitamos investigar estas intervenciones, la forma como se fundamentó la contratación de los estudios, los permisos y aprobaciones que los mismos debieron tener de parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para iniciar tales construcciones y, pedir la Fiscalía General del Estado, la investigación y el señalamiento de las responsabilidades penales del caso, conforme a lo establecen las leyes ecuatorianas.
3.- En la Plazoleta del Carmen de la Asunción ha sido alterado el nivel de su piso y, por risible que parezca, el argumento de su diseñador para justificar el daño, consiste en afirmar que “antes allí solo había un nivel”, lógica dudosa, que de continuar hacia atrás en el tiempo, podría llevarnos a decir que más atrás, no había ni la iglesia ni la plaza, y así, autorizar su demolición.
La trama urbana del sector, alterada con la eliminación de los bordillos y la elevación del nivel de la calle se ha convertido en un peligro para los peatones, puesto que, las motocicletas y eventualmente los automóviles, no tendrían mayor obstáculo para irrumpir en las veredas. Consideramos que la trama urbana del Centro Histórico debe ser respetada en el estado formal que hasta el momento de ser declarada ciudad patrimonial, había alcanzado (1999). El espacio de esta plazoleta, por otra parte, fue arbitrariamente ocupado con la inclusión de elementos fijos o casetas para la venta de flores. Dichos muebles eliminaron las visuales de las fachadas de la esquina interior de la plazoleta y afectaron su composición urbana. Esta apropiación arbitraria de un bien público, autorizó a un grupo de personas el uso exclusivo las áreas patrimoniales de este valiosísimo lugar, considerado uno de los más emblemáticos de la colonia, pero, por ventaja par la ciudad, nuestra oposición y denuncias obligaron al Municipio a retirar dichas casetas y a colocarlas donde siempre debieron haber estado: en el cementerio municipal. Las luminarias, las piletas, los bancos de piedra, los jardines y la inclusión de baldosas blancas en el piso, completan este despropósito arquitectónico. Por lo dicho, y conforme lo establecen las recomendaciones internacionales para intervenir en sitios monumentales de valor histórico, pedimos a este alto Organismo Internacional, nos ayude en el rescate del sitio y en el pedido a la Fiscalía General del Estado, para que se investigue el delito.
4.- La Plaza 9 de Octubre y el edificio patrimonial del Mercado 9 de Octubre han sido destruidos según se puede apreciar de las fotografías del lugar tomadas después de que los contratistas de la obra removieron sus partes para ejecutar las novedades municipales. La destrucción de lo que existía ha sido tan masiva, que ante ello solo cabe la sanción frente a un hecho consumado. Del edificio del antiguo Mercado 9 de Octubre, solamente se han conservado las paredes perimetrales para ser usadas como envolventes parciales de los nuevos usos.
De la plaza, obviamente no queda nada, puesto que se la cavó para construir subsuelos para estacionamientos vehiculares.
5.- La Plazoleta de Santo Domingo, ha sido también dañada. Aquí, la Municipalidad negoció con algunos propietarios de inmuebles del sector la intervención en las calles Gran Colombia y Padre Aguirre, consiguiendo de ellos el apoyo para dichas intervenciones. Esta “negociación” es ilegal, porque, los bienes y la imagen patrimonial urbana de la Plazoleta de Santo Domingo, así como la de sus calles aledañas, no es de ningún ciudadano particular, sino de la Humanidad y de Cuenca, por lo tanto, no susceptibles de negociación, o de trata.
En la Plazoleta se han incluido elementos u obras nuevas en las dos cuadras que la delimitan, incorporándose jardineras, piletas y canales abiertos, extraños a la imagen tradicionalmente establecida. Por otra parte, y seguramente porque el diseñador de estas linduras es el mismo que alteró la Plazoleta del Carmen de la Asunción, también aquí se ha subido el nivel de la calle para crear la famosa “plataforma continua”. El diseño tradicional de los pavimentos de las veredas ha sido cambiado, junto al de la plaza y al de los dos tramos de las calles adyacentes, sustituyendo el embaldosado y el adoquinado anteriores, con adoquines y baldosas cuyo de diseño y disposición geométricos no tiene nada que ver con lo que había. Con estas innovaciones se ha producido un efecto visual que da una imagen diferente a la plaza tal y como ésta se había constituido a lo largo de los años. Al cambiazo, se agregan los ya famosos bolardos municipales, en lo que constituye una atentado que para consumarse, parece que no solo careció del permiso, sino del criterio conservacionista necesario para tratar la imagen del sector.
6.- La Plaza de Maria Auxiliadora que desapareció hace años, fue sustituida por el parque del mismo nombre. Dicho parque, que ya en nada recogía la tradición de lugar abierto y destinado a la venta de los sombreros de paja toquilla, ha sido ahora convertido en un elemento decorativo conforme los excelentes gustos municipales. Lo que a nuestro juicio es más dañino en la nueva obra, es la elevación del piso de la calle frente a la iglesia de María Auxiliadora, pues, junto con las otras alteraciones de la trama urbana patrimonial, contribuye a desdibujarla.
7.- En la Plazoleta Víctor J. Cuesta, se han incluido pérgolas, y otros diseños que estarían bien para una barrio sin historia, y por esta razón y en el caso específico de esta zona urbana de la ciudad patrimonial, se convierten en elementos reñidos con su imagen. El proyecto ha recibido un premio en la última Bienal de Arquitectura de Quito, junto a ciertos proyectos colombianos que, por lo denunciado en la New Left Review , obedecen a intenciones y procesos urbanos relacionados quizás con el lavado de imágenes propias de “la arquitectura de la pacificación”, como lo recuerda el autor del artículo, citando a Mike Davis.
8.- En la calle Rafael María Arízaga, el tradicional “Chorro”, se ha alterado básicamente la materialidad, es decir las texturas que tenían la calle, las veredas y los zócalos, buscando con ello, no la restauración de los tradicionales, sino su “embellecimiento”. La sustitución de estos elementos ha producido el mismo efecto que una corbata de lujo en un gato callejero, pues los nuevos materiales de factura industrial muy a tono con las demás afectaciones espectaculares que, como se viene anotando, dañan el conjunto de los valores visuales del patrimonio edificado de toda la ciudad, atentan contra la relativa unidad que tenían antes de beneficiarse del entusiasmo municipal y la eficacia de sus contratistas. Con ausencia de buen juicio se han clavado a las fachadas de las casas antiguas de esta calle, unas lamparitas de diseño moderno, las cuales, podrían estar muy bien en alguna nueva urbanización, pero no en este lugar, en donde, eran necesarios otros criterios estéticos.
9.- En la Bajada de El Padrón, también su imagen ha sido “mejorada”, quitándole a ese paso su tradicional hieratismo, o solemnidad, que contribuía al carácter fronterizo que en algún momento tuvieron los espacios de circulación que conformaban El Barranco. Dicha Bajada no tenía sino un piso de cantos rodados y un muro bajo para mirar al sur. La austeridad del lugar, remarcada por las piedras sin labrar, iba a tono con la de la arquitectura de aquel rostro de Cuenca que se asomaba, sin maquillajes ni engaños, ante su río. La careta que le han puesto trae ahora un exceso de postes y luminarias y hasta de “espacios verdes” arbitrarios. Esta política de la impostura, de fachadismo y de una decoración urbana a la que poco o nada importan los entornos y la tradición de los materiales anteriormente existentes, no presta ninguna atención a las recomendaciones de la UNESCO o del ICOMOS, y a las experiencias en el tratamiento de este tipo de espacios patrimoniales, en donde y como se sabe, mientras menos se intervenga, tanto mejor, y mientras más sutiles sean los cambios, mayor será el valor de la intervención. Contrariamente a este criterio, presente en las Cartas Internacionales para manejar los espacios públicos de las ciudades históricas, la demagogia municipal quiere alardear de su labor, como gritando y reclamando reconocimiento por “la obra hecha”.
En todas estas modificaciones, alteraciones, inclusiones, se han usado criterios constructivos uniformadores que han afectado la variedad y personalidad de los lugares y el paisaje urbano del Centro Histórico. Los mismos bolardos por todo lado, la misma plataforma continua por aquí y por allá, el mismo repertorio formal en las luminarias, los macetones y las bancas, en fin, la misma impertinencia estilística si se consideran los entornos urbanos que a duras penas la ciudad ha podido mantener desde 1999.
La razón de esta pobreza estética, no estaría únicamente en el hecho de que el mismo diseñador ha propuesto los estudios de varios de estos lugares. Consideramos que el resultado de sus inventos, no únicamente que ha dañado la imagen variada y múltiple de la ciudad histórica, sino que ha contribuido sin que él lo intuyera o supiera, a forjar la idea del presente urbano que no es otra sino la del presente global, es decir de un tiempo atroz hostil a la memoria, a la polis, a lo público, y lo que es más, brutal cuando se trata de fijar en la conciencia de las colectividades la idea de que no hay otro tiempo que éste: el del poder omnímodo que rehace el pasado a su imagen y semejanza.
Estas modificaciones a los espacios públicos del Centro Histórico han sido perpetradas por el Municipio, buscando por otra parte, quitar a la ciudadanía sus espacios públicos abiertos, específicamente sus plazas, convirtiéndolas en ambientes llenos de obstáculos que impiden su uso variado y democrático.
Mientras estas acciones se realizan, la Plaza de San Francisco permanece tomada por un grupo de comerciantes, a quienes, los alcaldes electos o potencialmente elegibles, adulan ante la expectativa de votos y popularidades de ocasión. Solicitamos a Ustedes, ayudarnos en el rescate de este espacio abierto, que estuvo allí desde la fundación de la ciudad española, y que, durante siglos, ha sido plaza, y no ratonera que por su función e imagen deteriora todo el sector urbano colindante.
Dentro de la negativa administración del patrimonio construido que el Municipio viene cumpliendo respecto a los bienes arquitectónicos de valor, en Cuenca, estuvo la demolición de la Villa Roselena. Este hecho, perpetrado en este año, fue uno de los más escandalosos atentados contra el patrimonio cultural edificado de nuestra ciudad, y que puso en evidencia cómo funciona la llamada empresa privada inmobiliaria y sus contactos en el Municipio y en el INPC. El atentado fue cometido el día 1 de mayo de 2008, cuando, el propietario del inmueble consideró que nadie iba a interponerse en su agresión. Debería investigarse, en este caso, los plazos que mutuamente se dieron los funcionarios del INPC y del Municipio para diluir responsabilidades y legalizar el ilícito. Debería verificarse también si inmueble fue vendido con el permiso de demolición municipal y, si el permiso de construcción, estaba ya concedido antes de que este bien patrimonial desaparezca, pues el esclarecimiento de estas mañas, servirá para educar a la ciudadanía en el sentido de que las mismas son incorrectas y de que sus autores saben que actúan al margen de la ética y las leyes que regulan a las comunidades civilizadas.
En esta línea de comportamiento, el Municipio habría autorizado que sobre el patio del edificio de la Corte de Justicia, se imponga una cubierta cuyo sobrepeso ha cuarteado las paredes de esta edificación patrimonial. O también, la explosión de la Ferretería Vázquez Brito frente al neomercado Tres de Noviembre (diseñado por la misma persona que inventó las casetas para la Plaza del Carmen de la Asunción), o el incendio de la Casa San Cristóbal (Sucre y Padre Aguirre, esquina), siniestros causados por la negligencia con la cual los organismos municipales extienden las autorizaciones de uso, sin revisar el estado de las instalaciones eléctricas o las garantías de seguridad mínimas para la conservación del centro patrimonial.
La ilegalidad de las obras públicas municipales ha sido señalada por el Arq. Oswaldo Páez el 16 de marzo de 2008 en la pág. 2 de diario El Tiempo, de Cuenca, y en su libro Sólo cenizas hallarás, en cuyas páginas amplía sus argumentos. La enorme preocupación ciudadana sobre estos hechos, se manifestó asimismo en la denuncia que la Arq. Mónica Pesantez presentó ante el INPC el 11 de febrero de 2008, y en la cual, señala “el franco y abierto proceso de destrucción” de nuestro legado cultural.
También se puede revisar la Revista Pucara de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, en cuyas páginas, Manuel Villaviciencio, analiza lo negativo de estos atentados. El diario El Mercurio cuando publicó las denuncias que en su momento hicieron entre otros, la Arq. Mónica Pesantez y el arq. Fabián Orellana. El diario El Tiempo cuando, dando noticia sobre estos ilícitos, publicó el editorial del Dr. Manuel Neira Carrión el 10 de mayo de 2008 pidiendo cárcel para sus responsables según lo establece –decía– el código penal ecuatoriano en sus artículos 415 A y 415 B. O la revista universitaria 4 sentidos, que también criticó estas premeditadas y aleves embestidas del mal gusto y del irrespeto al bien común.
La razón y la justeza de este clamor, secundado por múltiples sectores honestos de la ciudadanía cuencana, ha sido ratificada por la Procuraduría General del Estado, la cual, ante la siguiente consulta:
“La delegación otorgada por el INPC, que confiere al Municipio de Cuenca el cumplimiento de atribuciones y funciones contempladas en la Ley de Patrimonio Cultural y su Reglamento, le otorga potestad como que pueda por sí misma, sin previa autorización del INPC, aprobar intervenciones sobre el patrimonio cultural edificado del cantón Cuenca”.
…ha respondido, como no podía ser de otra manera, de la siguiente forma:
“Si la competencia administrativa que se dice se ha reservado para sí el INPC, esto es, el de autorizar todo tipo de intervención directa o por terceros, sobre el patrimonio cultural edificado del cantón Cuenca (según consta en el texto del Art. 4 de la Resolución 007-05 de 11 de octubre de 2005), se considera vulnerada o extralimitada por la Municipalidad delegada, por no haberse contado con la aquiescencia o consentimiento de ese Instituto, lo procedente el revisar el poder conferido en dicha delegación y de considerarlo oportuno, el decidir sobre su terminación.
El delegante, en este caso el INPC, tiene plena facultad para decidir hacer uso de las atribuciones establecidas por los Artículos 57 y 60 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ante reseñados, es decir, la avocación de la competencia propia que se cita ha sido inobservada, e incluso el de resolver esa delegación; particular que como insisto, corresponde decidirlo exclusivamente a ese instituto.
OF. PGE. Nro.: 09162 de 19-03-2008”
Es decir que, la contratación de los estudios, su aprobación, la asignación de los contratos y las recepciones de las obras públicas municipales ejecutadas en y sobre los espacios patrimoniales públicos del Centro Histórico de Cuenca, no solamente que son atentatorios a su condición patrimonial y se inscriben en toda una política de desprecio a la ciudad histórica que debemos defender y cuidar, sino que, en el caso de las obras realizadas bajo la estricta responsabilidad del Municipio, carecen de la legalidad necesaria para haber sido ejecutadas.
A este rosario de ilícitos contra la memoria histórica de la sociedad, se agregan las actuaciones del INPC, organismo que en este caso, al haber entregado primero y renovado después, la delegación al Municipio de Cuenca para que haga lo que ha hecho, es cómplice de todo el desastre, pues no ha actuado conforme a la Ley que norma sus funciones.
Súmese también a esta desidia que tanto daño moral ha causado a Cuenca, la actitud de la Sra. Ministra de Patrimonio Natural y Cultural quien, a sabiendas de las ilegalidades cometidas, ha pactado con la Municipalidad para echar tierra sobre el asunto. Conviene revisar en este sentido, las “resoluciones” arbitrarias a las cuales dicha funcionaria, junto con la Directora Nacional del INPC, y el Municipio de Cuenca, llegaron. Se trata de una colusión en contra de la ciudad patrimonial, de un acuerdo doloso que, en vez de un juzgamiento y una condena al Municipio, parece un acuerdo entre amigos mutuamente condescendientes ante los hechos punibles que ellos saben que han cometido. Tal pacto, fue noticia pública, debidamente lavada y como tal, presentada como algo bueno y noble.
En las dos notas de prensa citadas, las autoridades ofrecen “rectificaciones en sus diseños”, con lo cual, aceptan que las intervenciones en los espacios públicos de la ciudad que aquí estamos denunciando, están efectivamente mal hechas pero, como seguramente confían en la amnesia social, dichas “rectificaciones” no se han realizado (salvo el traslado de las casetas de la Plaza del carmen de la Asunción, a la vereda este del cementerio municipal), y, hasta la fecha, los elementos fijos incluidos en las áreas patrimoniales continúan afeando y degradando los lugares en donde fueron colocados.
El pacto al que hemos hecho referencia es el resultado de la plena conciencia que los firmantes del mismo tienen de sus actuaciones ilegales, puesto que, el mismo Instituto Nacional de Patrimonio Cultural elaboró un Informe, secreto en la medida que no se lo ha dado a conocer al público, en el cual, señalan la gravedad de las intervenciones que aquí estamos denunciand.
4.-LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIOS Y LAS OBRAS
Hay serios indicios de tráfico de influencias y manejos extraños en la contratación de los estudios y de dichas obras por parte de la Municipalidad. El ciudadano común no puede comprender cómo es posible que se haya entregado el estudio arquitectónico de cuatro espacios públicos de la ciudad para que sean alterados a un profesional que no es especialista en este tipo de obras sino a lo mucho, hijo de un concejal del Cantón.
Convendría establecer si es cierta esta relación de parentesco entre el arquitecto contratista y el concejal, y de ser así, nos reservamos el derecho de recurrir a la Comisión Anticorrupción, recientemente abierta en Cuenca, con la esperanza de lograr alguna resolución al respecto.
Por otra parte, ya en la anterior administración se silenció al Colegio de Arquitectos cuando, fue catapultado a la presidencia de esta organización un funcionario municipal. En la presente se ha buscado igual suerte para el Colegio, pero por diferente camino. En lo que sería un ejercicio poco ético, se sabe que directivos del Colegio, o familiares suyos, habrían sido beneficiados con la entrega de los siguientes contratos: Conjunto de habitaciones en la Calle Rafael María Arízaga, estudios de la Bajada del Centenario y rediseño del Parque Víctor J. Cuesta. No sabemos si en estas adjudicaciones hubo o no concursos ni cual ha sido su seguimiento.
Esta manera de ejercer el poder ha conseguido cuando menos el silencio de quienes debían ante todo responder a las mejores inquietudes profesionales y ciudadanas de los agremiados, puesto que, los dirigentes favorecidos, para demostrar su agradecimiento han aplaudido al empleador y tratado de censurar las posiciones críticas de aquellos arquitectos que de manera cívica, democrática y valiente, han denunciado el proceder municipal sobre la ciudad histórica. Esto se deduce de “la inconformidad” que el Presidente del CAE-Azuay expresó por escrito al arq. Oswaldo Páez, con motivo de la publicación del único libro que ha tratado de manera crítica el proceder municipal frente al tema patrimonial urbano y suburbano de Cuenca.
Por otro lado, la Comisión de Centro Histórico ha sido manejada por las últimas administraciones municipales de tal forma que no tenga ningún peso en el cuidado los bienes y valores tangibles de nuestra ciudad. Reducida a una mera dependencia que cumple con la formalidad de existir, sin autoridad ni presupuesto, solo ha servido para poner el visto bueno en planos y estudios de intervención en edificaciones y lugares patrimoniales, sin que medien los informes técnicos serios e independientes sobre el alcance o conveniencia de tales intervenciones.
Contrastando con esta situación, en la Habana Vieja, la Oficina del Historiador de la Ciudad encargada de la recuperación de ese patrimonio urbano, cuenta con 260 arquitectos especialistas, ¿cuántos tiene esta Comisión del Municipio de Cuenca? La respuesta nos dará la medida de una indigencia que, no obstante, pretende mostrarse ante el mundo como todo lo contrario.
De todos modos, al ser hasta ahora la Comisión de Centro Histórico la encargada de manejar los asuntos relacionados con éste espacio, que por lo demás es solo uno de los patrimonialmente importantes de Cuenca y su periferia, sus actuaciones, más por omisión que por acción no han estado a la altura de las situaciones, y por lo tanto, sería necesario investigar y revisar las actuaciones de la Comisión, por lo menos en lo referido a las autorizaciones para contratar los estudios de las obras que ha realizado el Municipio en los espacios públicos de Cuenca, así como el papel que dicha Comisión ha jugado en el seguimiento de tales obras.
El referente para juzgar su proceder, deben ser ineludiblemente, las Cartas Internacionales para el manejo de ciudades patrimoniales, aprobadas por la UNESCO y el ICOMOS, a sí como la Ley de Patrimonio Cultural del Ecuador y su Reglamento.
Convendría preguntar al Municipio de Cuenca si, para la contratación de los diseños que han servido para intervenir en los espacios públicos de la ciudad patrimonial, se elaboraron las bases de referencia, si se contó con los estudios arqueológicos y de impacto cultural antes de autorizar las intervenciones. Debería quedar claro, en caso de que dichos estudios hubieran sido realizados, si las personas naturales o jurídicas asignadas para los mismos, tenían la calificación necesaria, si participaron en algún concurso público, o si por el contrario, fueron elegidos a dedo y sin cumplir con las formalidades de Ley.
El Municipio, debió por otra parte realizar los estudios de impacto urbano que avalicen sus intervenciones en las áreas patrimoniales, pues, tememos que las evaluaciones positivas y faranduleras que cierta prensa ha comenzado a publicar acerca de las bondades de tales obras, sean, por desgracia ciertas. Diario El Comercio, en su edición del 30 de junio ya ha dicho lo siguiente:
“La Calle Larga, en el Centro Histórico de Cuenca, acoge la vida nocturna y al turismo que llega a la ciudad. Hay bares, café nets y museos, un pequeño zoológico, una antigua iglesia… Se puede conocer de primera mano cómo se elabora un sombrero de paja toquilla, tomar café, conocer a más de 100 animales vivos o dar un vistazo al pasado prehispánico, colonial o republicano en los museos: Del Sombrero, del Banco Central, de la Casa de la Cultura y de las Culturas Aborígenes. No importa si es martes, viernes o sábado. El movimiento no se detiene al interior de las casonas de adobe, piedra o ladrillo que albergan a más de 30 locales entre bares, museos, galerías de arte, restaurantes y tiendas de artesanías forman parte de la oferta turística de esta vía. Es un espacio que comparten jipis, roqueros, farreros, bohemios… En la Calle Larga, que no es la más extensa del centro, hay opciones para todos. Desde los bares se puede mirar el río Tomebamba en su esplendor.”
Lo cual, no significa otra cosa, sino que las intervenciones municipales han acabado con el carácter patrimonial del sector, creando un escenario, o un ambiente de ciudad genérica adecuada para el consumismo y que nada tiene que ver con las características históricas que daban la personalidad a la zona.
El cinismo y el pragmatismo con el cual se quiere justificar estas alteraciones en el Centro Histórico, argumenta que con sus cambios se atraerá el turismo cultural, lo cual es falso, porque, los turistas no vienen desde lejos a ver las maravillosas intervenciones municipales, sino el legado centenario de las generaciones que por suerte no tuvieron alcaldes, concejales ni técnicos tan espabilados y talentosos como los que en suerte nos han tocado en estos días aciagos.
Obviamente, esta política patrimonial depredadora, contribuye a la especulación inmobiliaria y lo que es peor, al desalojo de sus habitantes tradicionales, dejando uno que otro, pero reducido a la condición de espectáculo turístico, de cosa rara para ser fotografiada como testigo de lo que algún día fue la Cuenca que el neoliberalismo y la globalización destruyen.
Pedimos por lo tanto a este alto Organismo, que en el cumplimiento de sus obligaciones de control sobre el tratamiento de las ciudades históricas, no deje de referirse a la forma como han sido contratados los estudios de la obras ejecutadas y que aquí hemos denunciado, puesto que, si bien eso queda en manos de la Fiscalía General del Estado y la Contraloría, se debe mostrar como la corrupción va de la mano de estos atentados a la memoria y al patrimonio de los pueblos.
La investigación que solicitamos apunta a buscar reparaciones para la comunidad y ciudad afectadas y poder exigir las indemnizaciones del caso. Los daños a la comunidad, a su memoria y a los testigos culturales tangibles de la misma, son daños morales cometidos sobre objetos físicos y simbólicos pertenecientes a un patrimonio tangible e intangible de un sujeto difuso, o comunidad, patrimonio que, ha sido reconocido internacionalmente por la UNESCO. En tal sentido, dichas indemnizaciones deberán cuantificarse a fin de que los autores de los daños irrogados, paguen para realizar las reparaciones y las restauraciones de los bienes que han destruido, alterado, sustituído o modificado, buscando que los mismos, vuelvan a tener su forma original.
Si es del caso, quines firmamos el presente documento, nos comprometemos a presentar todos los documentos que en esta denuncia hemos citado.
Cuenca 12 de Diciembre de 2008
Etiquetas: Cuenca, patrimonio
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